Propuesta Ahora…ProMilonga

Por Tito Palumbo

Esta creación artística porteña que es el tango tiene hoy su expresión más movilizadora en las milongas. Aquí se conservan, se transmiten y se crean las formas del baile social. Aquí el encuentro íntimo de los cuerpos, el abrazo de las parejas, genera múltiples sensaciones que bullen en el interior de cada bailarín. Con repercusiones en el “afuera”, donde existe una vasta red de intereses económicos y políticos: clases de baile, venta de zapatos y vestimenta, venta de discos, videos y libros, publicación de revistas, festivales y campeonatos, hotelería, etc.
Sin embargo, esta actividad cuyo carácter de auténtica creación cultural local y cuyos beneficios fueran reconocidos por los legisladores de la ciudad y nacionales, incluso por la UNESCO, viene padeciendo de un continuo hostigamiento por parte de los organismos oficiales de inspección.
Si bien existe una ley específica para la habilitación y verificación de los Salones Milonga, los requisitos para su funcionamiento son bastante altos; dicho de otra manera, se hace necesario invertir dinero para conseguir una habilitación. Y no siempre las entidades y organizadores cuentan con ese capital.
Después de la tragedia de Cromañón se han extremado las inspecciones en las milongas. Se constatan infracciones por el incumplimiento de las normas vigentes, se labran actas y, en los casos de falta de habilitación, se procede a la clausura de los locales.
Las milongas no se caracterizan por ser un negocio generador de ganancias extraordinarias. Tienen muchos gastos en personal –meseros, boleteros, musicalizadores, vigiladores de estacionamiento–, alquiler, limpieza, mantenimiento, electricidad, tasas e impuestos, publicidad. Y, puede decirse que con lo que cuesta una entrada, resultan ser uno de los entretenimientos más baratos de la ciudad. 
Por estas razones se hace necesario instituir un régimen especial de apoyo financiero a las milongas, similar al que ya existe en la ciudad para el teatro (ProTeatro, Ley 156 y sus modificaciones), para la danza (ProDanza, Ley 340) y para la actividad musical (Régimen de Concertación, Ley 3.022).
Ahora hace falta una ley ProMilonga que disponga la entrega de subsidios y exenciones tributarias a las instituciones, confiterías y otros locales; a los concesionarios; y a los organizadores de milongas. Además, disponer se otorguen créditos a tasa preferencial y a largo plazo a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Con ellos podrían realizarse las inversiones necesarias para adecuar los locales a las normas vigentes y reducir al mínimo su incumplimiento. Habría tranquilidad y seguridad para los organizadores y para los bailarines. 
Los recursos provendrán de lo que anualmente fije la Ley de Presupuesto, del aporte de la UNESCO correspondiente a uno de los planes anexos a la Declaración del Tango como Patrimonio Intangible de la Humanidad, de donaciones o legados, de los fondos que resulten del reintegro de subsidios reembolsables y de subsidios no utilizados.
Para la distribución de los fondos se nombraría un directorio integrado por representantes de las entidades, de los concesionarios de los locales y de los organizadores de milongas.
Y así se apoyaría efectivamente a la cultura nacional y a una actividad que es fuente de beneficio para muchos sectores de la sociedad.
Buenos Aires, 25 de enero de 2012

Buscan salvar la confitería El Molino

Por Angeles Castro

Una valiosa pieza del patrimonio arquitectónico y cultural porteño tiene una nueva oportunidad de ser rescatada del olvido. El gobierno porteño elevará hoy a la Legislatura de la ciudad un proyecto de ley para expropiar el edificio de la tradicional Confitería del Molino, frente al Congreso Nacional, y llamar a concurso para su puesta en valor y recuperación mediante una concesión.
Sobre los usos que podrá darse al inmueble, diseñado por el arquitecto Francisco Terencio e inaugurado en 1917, voceros del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño señalaron a LA NACION que, en principio, sólo se exigirá reabrir una confitería con la misma denominación en la planta baja y deberá discutirse con la oposición el destino que se dará a los otros pisos del edificio.
Como la propiedad ya fue catalogada con nivel de protección estructural y, además, la confitería fue declarada monumento histórico nacional, buena parte de su estructura y sus instalaciones originales deberán ser respetadas, lo que impedirá daños al valor arquitectónico del edificio, situado en Callao y Rivadavia.
El proyecto de expropiación -que, según fuentes parlamentarias, ingresará hoy en la Legislatura- tiene amplias posibilidades de ser aprobado, a diferencia de varias iniciativas anteriores en el mismo sentido que había presentado la oposición, que no prosperaron.
Ahora, sumados los votos opositores -que probablemente se sumen al impulso del Poder Ejecutivo- más las 28 voluntades que maneja el macrismo (26 de su bancada y dos aportados por Bases para la Unión, un desprendimiento de la ex Coalición Cívica), se alcanzarían fácilmente los 31 votos necesarios para la expropiación.
La llegada a la Legislatura del proyecto oficial permitirá mantener vigente la posibilidad de avanzar con la recuperación de la Confitería del Molino, que permanece cerrada y en estado de abandono desde hace catorce años.
Sucede que en febrero próximo perderán estado parlamentario tres proyectos ya existentes en la cámara para expropiar el inmueble, que fueron impulsados por los diputados Rubén Campos y Claudio Presman (UCR) y Raúl Puy (ibarrista), y el ex legislador también ibarrista Eduardo Epszteyn. Similar riesgo corre, explicaron a LA NACION fuentes parlamentarias, una iniciativa presentada por la Universidad de Morón (UM) para expropiar y restaurar la propiedad, que requería ser respaldada por algún diputado para poder ser analizada en la Comisión de Planeamiento Urbano.
Previamente, en 2009, la ex diputada de la Coalición Cívica Teresa de Anchorena había sido la primera en solicitar la expropiación del 45% del inmueble, que incluye los subsuelos, planta baja y primer piso, para luego llamar a licitación, y que una empresa volviera a instalar allí una confitería, restaurante, salón de fiesta y panificadora, tal como funcionaba El Molino antes de cerrar.
Al valor arquitectónico se sumó la importancia institucional que cobró la confitería. Por estar estratégicamente ubicada frente al Congreso Nacional, sirvió como anexo de reuniones para representantes de todas las fuerzas políticas.
En el Parlamento nacional también hubo intentos de recuperarlo. Tanto en la Cámara baja como en el Senado legisladores oficialistas y opositores impulsaron iniciativas para expropiar el centenario inmueble y recuperarlo. Pero el trámite nunca concluyó.

Publicado en La Nación el 22/12/2011